Denuncia Pública Nº 27
La Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo y la Región de Los Dos Ríos, denuncian y ponen en conocimiento de los organismos nacionales e internacionales encargados de la defensa de los derechos humanos y las instituciones competentes para proteger y velar por las garantías ciudadanas, los hechos que vienen ocurriendo en la vereda Vaquero perteneciente al municipio de Cáceres Antioquia, que ponen en riesgo la vida, la integridad, la seguridad de las familias, líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, y de la comunidad en general que habita el territorio.
Hechos
- El día 29 de noviembre del año en curso siendo las 9:00 am aproximadamente, un grupo de personas fuertemente armadas pertenecientes al grupo paramilitar autodenominado AGC arremetieron contra la comunidad de Vaquero, este grupo llego asesinando los animales de corrales de diferentes viviendas y a su vez destruyendo los enceres de las familias.
- Varias viviendas fueron destruidas y una de estas fue incinerada por este grupo paramilitar, mientras realizaban estas acciones violentas contra la comunidad se escucharon dos disparos, hay temor por la vida de un hombre que aún se desconoce su paradero.
- La comunidad identifica y hace mención que varias personas de este grupo paramilitar se encontraban portando armamento que es conocido como AK, y lo más grave es que se encontraban mezclados con hombres del ejército nacional.
- A menos de 15 minutos en los transportes usuales en esta subregión se encuentra el ejército nacional y no hay acciones efectivas ni contundentes contra este grupo paramilitar, por lo que la comunidad nombra que hay una total connivencia y permisividad en la zona de las fuerzas militares con este grupo que solo causa zozobra en la comunidad por su accionar.
Las comunidades siguen estando en medio de la avanzada armada y de acciones violentas del grupo paramilitar, esta subregión de Antioquia se encuentra sufriendo la crisis humanitaria que ha desatado la reconfiguración, avanzada y copamiento del grupo paramilitar AGC, que tienen como objetivo estratégico permanecer y controlar estos territorios por su ubicación geográfica y las grandes riquezas.
El Bajo Cauca Antioqueño en el marco de las negociaciones entre el Ejército de Liberación Nacional ELN y el gobierno de Gustavo Petro, decretaron este territorio como zona crítica, por lo que las comunidades y la Corporación De Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo hacemos un llamado urgente a que se tomen las medidas pertinentes y necesarias para enfrentar el paramilitarismo, ya que se entiende que el designar una zona critica es para que haya intervenciones.
Las comunidades agromineras hacen un llamado urgente al gobierno a realizar acciones eficaces para proteger la vida y seguir permaneciendo en los territorios. Las comunidades aún siguen observando como la fuerza pública se encuentra en connivencia y siendo permisiva con la avanzada de este grupo paramilitar en los territorios.
Para la comunidad la militarización del territorio no es la solución, pero desde la Corporación De Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, hacemos el llamado a las fuerzas militares a desplegar otras acciones con las cuales cuentan al ser una institución con diversas dependencias y fuerza operacional.
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Exigencias
- Exigimos reacción inmediata por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, “El Gobierno de la Vida” a fin de que se adopten por parte del Estado Colombiano las medidas pertinentes para garantizar la vida, integridad física y garantizar el derecho a permanecer en el territorio de estas comunidades vulnerables.
- Exigimos a la Alcaldías de Cáceres a la Gobernación de Antioquia, a las Personerías Municipales y a la Procuraduría Regional de Antioquia, la revisión del caso y la adopción de medidas inmediatas para hacer cesar las violaciones a los Derechos Humanos e infracción del Derecho Internacional Humanitario que amenazan el cese al fuego pactado y ponen en alto riesgo a las comunidades.
- Exigimos al Ejército Nacional el respeto por la vida y la seguridad de la población civil que habita en estas veredas, y a realizar acciones que den resultados sobre la incursión y control de este grupo paramilitar autodenominado AGC.
- A la Defensoría del Pueblo en su papel de garante de los derechos humanos que acompañe a las comunidades para que no sean violentadas en sus Derechos y realice acciones de verificación de estos hechos, a fin de que se brinden soluciones claras y eficaces frente a la situación de seguridad en la que se encuentran estas comunidades.
- Exigimos garantías y protección a las comunidades mencionadas anteriormente ante posibles represalias que puedan ocurrir por las denuncias realizadas por la violación a los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario que persisten en esta subregión del país.
- Hacemos un llamado a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos a verificar y visibilizar los hechos denunciados por las comunidades.
- Hacemos responsable al ejército nacional y la fuerza de tareas que operan en esta subregión de cualquier hecho que coloque en riesgo a las comunidades.
- Al ministro de defensa Iván Velásquez que se adopte las medidas pertinentes para garantizar la vida, integridad física y garantizar el derecho a permanecer en el territorio de estas comunidades vulnerables.
- Exigimos la reactivación de la mesa que se da en el marco del Paro Regional Indefinido por la vida y el territorio en la Lizama Santander que se dio en enero de la presente anualidad.
La Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo denuncia y hace responsables a las Alcaldías de Cáceres a la Procuraduría Regional Antioquia, a la gobernación de Antioquia a sus administraciones, a la Personería de Cáceres, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, y al Gobierno Nacional de las consecuencias que se puedan presentar por la omisión de atender oportunamente el llamado legítimo de las comunidades a través de esta denuncia pública.