Alerta Temprana Nº 7
La Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo con gran preocupación denuncia y pone en conocimiento de los organismos nacionales e internacionales encargados de la defensa de los derechos humanos y las instituciones competentes para proteger y velar por las garantías ciudadanas, los siguientes hechos que vienen ocurriendo en el municipio de SEGOVIA, departamento de ANTIOQUIA, que afectan la seguridad, la integridad y la vida digna de las comunidades.
Hechos
- Desde hace más de un mes el grupo autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- conocido como Clan del Golfo ha estado prohibiendo el ingreso de combustible y gas hacia la zona veredal del norte de Segovia, a través de la instalación permanente de retenes armados en la zona del Diamante y el Río a escasos metros del casco urbano.
- La comunidad se encuentra en crisis y desesperación debido a que el gas natural es necesario para cocinar los alimentos y sin combustible no es posible desarrollar las labores agrícolas y mineras, ya que las guadañas y entables lo requieren para su funcionamiento, dejando a la población sin trabajo y sin ingresos para subsistir.
- Sumado a lo anterior, se presentaron fuertes enfrentamientos en la vereda LOS AGUACATES desde el día lunes 22 de enero de 2024 hasta el miércoles 24 de enero entre disidencias de las FARC y las AGC que avanzan hacia la vereda RANCHO QUEMADO, aumentando el riesgo para la población civil que se encuentra desprotegida por la fuerza pública y las instituciones del Estado.
- El 24 de enero en la vereda LOS AGUACATES, las AGC retuvieron de manera forzada a un campesino de avanzada de edad, lo golpearon brutalmente y se lo llevaron amarrado, retenido hasta el día sábado cuando fue liberado y trasladado por la comunidad a un centro asistencial donde se encuentra en grave estado de salud, en una clara violación a los Derechos Humanos y a los principios del Derecho Internacional Humanitario de distinción y protección a la población civil.
Es preocupante que los grupos paramilitares avancen con tanta facilidad en un territorio altamente militarizado, a pesar de que este riesgo ya se había puesto en conocimiento de las entidades competentes desde el mes de junio del año 2023 cuando se presentaron bloqueos de combustible durante más de un mes por parte de las AGC por medio de retenes ilegales instalados en el mismo lugar, sin que se tomara medida alguna de las autoridades, permitiendo la repetición de los hechos y la agudización del conflicto armado.
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Peticiones
- Exigimos reacción inmediata por parte del Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, “El Gobierno de la Vida” a fin de que se adopten por parte del Estado Colombiano las medidas pertinentes para garantizar la vida, integridad física y garantizar el derecho a permanecer en el territorio de estas comunidades que se encuentran en gran vulnerabilidad.
- Exigimos a la Alcaldía de SEGOVIA, la Gobernación de ANTIOQUIA, Personería Municipal de Segovia y a la Procuraduría Regional de Antioquia, la revisión del caso y la adopción de medidas inmediatas para hacer cesar estas violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario que ponen en alto riesgo a las comunidades.
- A la Defensoría del Pueblo en su papel de garante de los derechos humanos que acompañe a las comunidades para que no sean violentadas en sus Derechos y realice acciones de verificación de estos hechos, a fin de que se brinden soluciones claras frente a la situación de seguridad en la que se encuentra ésta población campesina y agrominera.
- A la Procuraduría General de la Nación la revisión del caso y solución oportuna a este, realizar las investigaciones disciplinarias y adoptar las sanciones pertinentes por la acción u omisión de las instituciones, funcionarios y servidores públicos del Estado que han permitido el aumento del riesgo y vulnerabilidad de las comunidades.
- Al Ministro de Defensa Iván Velásquez que se adopten las medidas pertinentes para garantizar la vida, integridad física y garantizar el derecho a permanecer en el territorio de estas familias.
- Al Ministerio del Interior, en cabeza de la Oficina de Derechos Humanos, avanzar en los acuerdos firmados en el marco de la instalación de la Comisión de Declaratoria y Solución de Emergencia Humanitaria para la macroregión del Magdalena Medio con voceros y voceras del Paro Regional por la Vida y la Permanencia en el Territorio realizado en enero de 2023 en la Lizama, Santander.
- Exigimos el desmonte del paramilitarismo y que se atienda la Emergencia Humanitaria reconocida por el Ministerio del Interior en los acuerdos del Paro Regional Indefinido por la Vida y el Territorio en la Lizama, Santander.
- Hacemos un llamado a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos a verificar y visibilizar éstos hechos que generan graves riesgos para el tejido social y comunitario.
- Hacemos responsable al Ejército Nacional de cualquier hecho que coloque en riesgo a las comunidades por no haber atendido las alertas y denuncias que advertían la ocurrencia de estos sucesos.
La Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo denuncia y hace responsables al Gobierno Nacional en cabeza de GUSTAVO PETRO y FRANCIA MÁRQUEZ, el Gobernador de Antioquia ANDRES JULIAN RENDÓN, el Alcalde de Segovia EDWIN ALEXANDER CASTAÑEDA VAHOS, el Ministro de Defensa IVÁN VELÁSQUEZ, a la Procuraduría Regional, la Personería municipal, la Defensoría del Pueblo, el Ejército Nacional y a la Fiscalía General de la Nación de las consecuencias que se puedan presentar por la omisión de atender oportunamente el llamado legítimo de las comunidades a través de esta alerta humanitaria.