Desde la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús Maria Valle Jaramillo expresamos nuestro más profundo rechazo contra el cruel asesinato de nuestro amigo y compañero Jaime Gallego conocido de manera cariñosa como “Mongo”, líder minero y campesino del Nordeste Antioqueño, defensor de derechos humanos y fundador de la Mesa Minera de Segovia y Remedios que dedicó su vida a defender los derechos de las comunidades mineras artesanales y tradicionales, convirtiéndose en semilla de lucha y dignidad.
Con gran consternación recibimos la noticia del atroz asesinato de este destacado líder social JAIME GALLEGO “MONGO”, quien se encontraba desaparecido de manera forzada desde el 3 de marzo del presente año por parte del Clan del Golfo y posteriormente fue asesinado el día 9 de marzo de 2025 en la vereda El Jabón del municipio de Vegachí (Antioquia), luego de 7 días retenido junto a su escolta de la Unidad Nacional de Protección que fue liberado en el municipio de Yolombó.
Repudiamos este acto de violencia y crueldad que vulnera gravemente los derechos humanos de liderazgos sociales y comunidades, amenaza su integridad, su permanencia en el territorio y profundiza la emergencia humanitaria que atraviesa la región del Magdalena Medio.
Es importante señalar que estos hechos ya habían sido advertidos por las organizaciones defensoras de derechos humanos en el territorio, alertando sobre la desaparición forzada de este líder, además de las alertas y denuncias previas que han venido evidenciando la presencia, amenazas y avanzada paramilitar del Clan del Golfo en el municipio de Segovia, como parte de su estrategia de copamiento de la Serranía de San Lucas que abarca el Sur de Bolívar, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño.
Es lamentable que la fuerza pública y las autoridades no hayan realizado acción alguna no adoptado medidas inmediatas durante el tiempo que estuvo desaparecido este importante líder, a fin de prevenir las violaciones de derechos humanos y proteger la vida de Gallego “Mongo”, teniendo en cuenta que existe una mesa de diálogo con el Clan del Golfo pese a que este grupo paramilitar sigue atentando gravemente contra las comunidades y sus liderazgos.
Esta inacción y negligencia del Estado colombiano es un reflejo de la ineptitud de la fuerza pública y de las instituciones responsables de proteger a la población, que una vez más fallaron en atender de manera oportuna una situación de extrema urgencia. Esta grave omisión estatal ha sido recurrente y ha permitido que el paramilitarismo continúe operando con total impunidad, desangrando a las comunidades y perpetuando la emergencia humanitaria en la región.
Las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos hemos venido denunciando que la expansión del paramilitarismo en la región responde a intereses económicos y políticos de grandes empresas, terratenientes y sectores de derecha que buscan imponer megaproyectos extractivos en estos territorios ricos en oro, biodiversidad y otros bienes comunes naturales. Estas dinámicas están orientadas a despojar a las comunidades campesinas, afrodescendientes y agromineras de sus tierras, favoreciendo la explotación indiscriminada de las riquezas naturales y el avance de cultivos ilícitos, en detrimento de los planes de vida y las iniciativas de paz que las comunidades han construido con esfuerzo. Dichos intereses económicos, respaldados por el paramilitarismo, son una amenaza directa a la vida, la dignidad y la permanencia en la región.
Las comunidades de Segovia y del Magdalena Medio han sido firmes en la defensa de la vida y del territorio, oponiéndose a los proyectos de despojo, terror y muerte que promueven los grupos paramilitares en alianza con grandes empresas y sectores políticos. Estos ataques buscan quebrantar la resistencia de los pueblos que luchan por su dignidad y por una paz con transformaciones estructurales.
Las amenazas y el asesinato de líderes y lideresas sociales y de miembros de la comunidad descomponen el tejido social, y demuestran que el paramilitarismo sigue operando bajo la lógica de la doctrina del enemigo interno, que pretende exterminar a las comunidades que defienden sus derechos y sus territorios. Esta doctrina ha sido utilizada históricamente para justificar la violencia sistemática contra la población civil, perpetuando un ciclo de terror que viola los derechos humanos e impide la construcción de paz.
Expresamos nuestra solidaridad con la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño ASOVISNA de la cual hacía parte como sobreviviente de la masacre de Segovia del año 1988. Abrazamos a su familia, amistades y comunidades campesinas y agromineras de los municipios de Segovia y Remedios (Nordeste Antioqueño), afectadas por la cruel y alarmante escalada de violencia generada por la expansión del paramilitarismo en los territorios, que hace parte de un plan genocida contra las comunidades organizadas, sus líderes, lideresas y todo el movimiento social. Las comunidades no pueden seguir siendo el blanco de la violencia y el despojo, su voz debe ser escuchada y respetada en la búsqueda de soluciones integrales.
Exigencias
- Al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, exigimos acciones concretas y urgentes para garantizar la vida y la permanencia en el territorio de las comunidades del Nordeste Antioqueño y el Magdalena Medio. Es fundamental avanzar en el desmonte del paramilitarismo y en la protección de líderes y lideresas sociales, cuya labor es vital para la construcción de paz y la defensa del territorio.
- A la fuerza pública, le exigimos que despliegue medidas efectivas que prioricen la protección de la población civil, bajo el respeto a los derechos humanos. La militarización de la zona no puede ser la única respuesta; se requieren estrategias integrales que contemplen la protección de los derechos colectivos y los proyectos de vida comunitarios.
- A la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, les solicitamos una intervención pronta que verifique las denuncias realizadas por las comunidades, evitando la revictimización y la impunidad frente a estos hechos atroces.
- A la comunidad internacional, hacemos un llamado a que acompañe y verifique la situación de derechos humanos en Colombia, especialmente en regiones afectadas por la violencia paramilitar.
- A los grupos armados, exigimos respeto por la población civil y el cese inmediato de las violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, especialmente las prácticas sociales genocidas contra el movimiento social.
¡No más masacres y asesinatos de líderes y lideresas sociales!
CORPORACIÓN COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS JESÚS MARÍA VALLE JARAMILLO