Emergencia Humanitaria

Arremetida paramilitar y desplazamiento forzado en Guamocó, Sur de Bolívar

Desplazamiento masivo de las comunidades.

El gobierno “Potencia Mundial de la Vida” en cabeza de GUSTAVO PETRO y FRANCIA MÁRQUEZ, ha hecho oídos sordos al llamado por la vida de las comunidades, organizaciones y plataformas de derechos humanos que hemos venido denunciando de manera reiterada el plan expansivo del paramilitarismo en los territorios, facilitado por la connivencia con la fuerza pública, dejando a las comunidades y sus liderazgos totalmente desprotegidas, víctimas de prácticas sociales genocidas tales como amenazas, masacres, desplazamiento forzado, asesinatos selectivos, confinamiento y graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Hoy la región de GUAMOCÓ, situada en las montañas de la Serranía de San Lucas, entre el Sur de Bolívar y el Bajo Cauca Antioqueño, es foco de ésta arremetida paramilitar debido a su ubicación estratégica, sus tierras abundantes en oro y sus riquezas naturales, codiciadas para megaproyectos de grandes empresas y multinacionales, atentando contra el tejido social que han construido las comunidades negras, indígenas, campesinas y agromineras que habitan en armonía con el territorio y su biodiversidad.

La vereda PALMACHICA del municipio de SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR, padece un escenario desolador luego de la incursión paramilitar de aproximadamente 500 hombres de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC desde el pasado domingo 27 de agosto, pues la mayoría de familias y habitantes se vieron obligadas a abandonar sus hogares y desplazarse forzosamente hacia la cabecera municipal de Santa Rosa del Sur y hacia la vereda Altos de las Brisas donde hay más de 250 personas y continúa llegando un gran número de familias desde el día jueves 31 de agosto, luego de las amenazas de las AGC que obligaban a la comunidad a abandonar el territorio en el plazo de una hora.

En su arremetida, las AGC secuestraron a una persona habitante del sector LA VEGA DE LA AUYAMA, de quien no se tiene conocimiento de su estado ni sobre su paradero, víctima de desaparición forzada desde el 27 de agosto, lo cual ha generado gran consternación y temor en la población. También hay gran preocupación por la comunidad de LA VEGA DE LA AUYAMA que se encuentra confinada e incomunicada tras los fuertes enfrentamientos que se presentaron allí el día 31 de agosto entre las AGC y el Ejército de Liberación Nacional ELN.

Ha sido inútil generar alertas y denuncias ante las entidades del Estado que han mostrado completa ineptitud para la atención de ésta Emergencia Humanitaria anunciada desde mediados de agosto, luego de que el Ejército Nacional realizara constantes sobrevuelos durante dos semanas hasta el día 5 de agosto cuando se avistan aproximadamente 400 hombres de las AGC avanzando por el Río Caribona hacia la vereda Palmachica, sin que el Estado hubiese adoptado medida alguna para la prevención de riesgos y la garantía de derechos de las comunidades, incumpliendo su deber constitucional de protección.

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La única medida adoptada por el gobierno hasta ahora ha sido la militarización del territorio sin brindar garantías integrales, pues el viernes 1 de septiembre se convocó un Comité de Justicia Transicional por la situación de desplazamiento masivo y las instituciones del Estado decidieron esperar que la comunidad realice el censo de las familias desplazadas y hacerle entrega de la información a la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios OCHA, descargando la responsabilidad del Estado sobre los hombros de las comunidades y remitiendo sus deberes a entes internacionales, cuando el llamado a realizar el censo y la caracterización de los grupos familiares y garantizar sus derechos humanos es el Estado colombiano.

Es evidente la ausencia de compromisos del gobierno local, regional y nacional para la atención inmediata de estas comunidades, entre quienes se encuentran niños y niñas, mujeres, personas de la tercera edad, víctimas, comunidades afro, indígenas, campesinas, etc, que tienen derechos de especial protección. Esta situación ha generado zozobra en la comunidad que confiaba en el desescalamiento del conflicto armado, ya que el único grupo presente en ésta región era el ELN que firmó un acuerdo de Cese al Fuego Bilateral con el gobierno nacional.

El gobierno de GUSTAVO PETRO y FRANCIA MÁRQUEZ manifestó en campaña su compromiso con el pueblo colombiano para la “protección y fortalecimiento de líderes sociales y la movilización social, a través de una política de protección que implica rescatar el enfoque de seguridad humana para la defensa de líderes sociales desde un enfoque diferencial individual y colectivo que ponga en el centro de las preocupaciones del territorio la conservación de la vida de sus líderes y sus comunidades“. Esos compromisos hoy no se ven materializados y por el contrario, las comunidades se encuentran desprotegidas, sin garantías para la vida y en total abandono del Estado.

Exigimos de manera urgente el desmonte del paramilitarismo y que se atienda la Emergencia Humanitaria reconocida por el Ministerio del Interior en los acuerdos del reciente Paro Regional Indefinido por la Vida y el Territorio en la Lizama, Santander, donde el alto gobierno en cabeza de la Viceministra para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, LILIA SOLANO, se comprometió a la instalación de una Comisión de Declaratoria y Solución a la Emergencia Humanitaria en la Macroregión del Magdalena Medio, sin embargo esta comisión no ha entrado en funcionamiento y el gobierno ha incumplido los acuerdos que asumió con las comunidades, mostrando total indiferencia y falta de empatía por las familias, líderes y lideresas, procesos sociales, comunidades campesinas, agromineras, indígenas y afro que están siendo masacradas, despojadas y desarraigadas de sus territorios para favorecer intereses de actores económicos, políticos y armados.

Exigimos acciones inmediatas del “Gobierno del cambio” para garantizar los derechos de las comunidades y el cumplimiento de los acuerdos asumidos en el Paro Regional Por la Vida y la Permanencia en los Territorios, y exigimos al Ministerio del Interior en cabeza de la Dirección de Derechos Humanos, dar respuesta concreta y rápida sobra la continuidad de la Comisión de Declaratoria y Solución a la Emergencia Humanitaria en la Macroregión del Magdalena Medio que se encuentra en una crisis generalizada por la arremetida del paramilitarismo de la mano con la fuerza pública bajo la doctrina del enemigo interno.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos a verificar y visibilizar éstos hechos que atentan contra los derechos a la integridad, la seguridad personal, la vida digna y la permanencia en el territorio de estas comunidades.

La Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo denuncia y hace responsables al Gobierno Nacional en cabeza de GUSTAVO PETRO y FRANCIA MÁRQUEZ, al Gobernador de Bolívar VICENTE ANTONIO BLEL, al Alcalde de Santa Rosa del Sur FABIO ORLANDO MENDOZA BARRETO, al Ministro del Interior LUIS FERNANDO VELASCO, al Ministro de Defensa IVÁN VELÁSQUEZ, al comandante de la Segunda División del Ejército Nacional NAYRO JAVIER MARTÍNEZ JIMÉNEZ, al coronel LUIS EDUARDO CIFUENTES VILLAMARÍN de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, a la Procuraduría Regional, la Personería municipal, la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General de la Nación por la omisión de atender oportunamente el llamado de las comunidades.