La Región de Los Dos Ríos abarca los territorios del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Centro y Sur del Cesar, Sur de Bolívar y Magdalena Medio; es un territorio estratégico por su ubicación entre los dos principales ríos del país, los Ríos Magdalena y Cauca, que abrazan las montañas de la Cordillera Central en especial la Serranía de San Lucas, alberga innumerables riquezas naturales renovables y no renovables. Estas riquezas le han permitido al campesinado darle a la tierra usos colectivos, dirigidos a satisfacer las necesidades básicas de los pueblos y garantizar su soberanía alimentaria sin perturbar la armonía con el territorio, utilizando las riquezas del suelo y el subsuelo de manera racional y prudente para no afectar los ecosistemas naturales.
Las comunidades campesinas que habitan estos territorios se han organizado para resistir dignamente defendiendo la vida y el territorio ante el saqueo y destrucción que las multinacionales, empresarios y terratenientes quieren imponer a sangre y fuego, sumado al abandono por parte del Estado y sus instituciones, que se limita a hacer presencia a través de la fuerza pública en función de convenios de seguridad para el establecimiento de megaproyectos por parte de empresas multinacionales y atacando al eslabón más débil de la cadena de producción de sustancias derivadas del cultivo de coca, marihuana y amapola como lo es el campesinado.
Este territorio ha sido progresivamente militarizado para garantizar los intereses del gran capital, al punto que hoy opera la Segunda División del Ejército Nacional, su Quinta Brigada, el Batallón de Selva Nº 48 desde el año 2009 y desde el 2019 la Fuerza de tarea conjunta Marte que incluye Fuerza aérea y Policía Nacional.
La alta presencia de las FFMM no brinda garantías para la vida de las comunidades y la permanencia en los territorios. Desde el año 2020 se viene presentando una fuerte avanzada paramilitar de las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) que cuenta con la permisividad y complicidad de la fuerza pública. Durante el proceso de expansión y disputa por el control territorial, han realizado incursiones armadas en centros poblados y comunidades rurales, manifestando claramente su intención de ampliar las zonas en las que hasta el momento han hecho presencia, dando como resultado que esta región sea incluida en las zonas afectadas por la reactivación del conflicto a nivel nacional.
Son reiteradas las denuncias de organizaciones de derechos humanos por la complicidad entre militares y paramilitares que extorsionan, asesinan, violan, desaparecen y desplazan la población para lograr el control territorial. Estos actos sistemáticos y generalizados buscan provocar terror y ruptura del tejido social en las comunidades agromineras, campesinas y étnicas que habitan y salvaguardan los territorios.
En 2020 Indepaz registra el asesinato selectivo de por lo menos 24 líderes y lideresas en los departamentos de Bolívar y Antioquia, al menos 13 de estos fueron perpetrados en la región de Los Dos Ríos, entre ellos, Fernando de Jesús Gaviria asesinado el 29 de agosto de 2020, reconocido líder del movimiento social junto a Omaira Alcaraz fiscal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Alto San Juan del municipio de San Pablo, Sur de Bolívar; Sandra Banda en agosto de 2020 en el municipio de Tarazá; Edwin Acosta asesinado en su propia casa por grupos paramilitares en el corregimiento de Mina Seca del Municipio de Tiquisio, Sur de Bolívar; Jorge Manuel Ortiz asesinado en el municipio Barranco de Loba, Sur de Bolívar, quien era docente y líder social y había recibido amenazas por haber denunciado la incursión paramilitar en ese sector. Se reportaron mas de 72 familias desplazadas por grupos paramilitares, por lo menos 12 masacres dejando un saldo de 46 personas asesinadas3 y decenas de personas amenazadas en la región.
Para el año 2021 la avanzada paramilitar se intensifica, se realizan incursiones paramilitares en zonas del Sur de Bolívar y Nordeste antioqueño donde las comunidades reportan hasta 300 hombres en armas avanzando por distintos lugares del territorio, en las cuales se presentan enfrentamientos con la insurgencia del ELN y en las que posteriormente se hacen señalamientos a las comunidades por parte de la fuerza pública, de pertenecer o colaborar con esta guerrilla, maltratando física y psicológicamente a la población.
En marzo de 2021 se presentan agresiones contra campesinos en la vereda Ahogaperros del municipio de San Pablo, en el corregimiento de Micoahumado del municipio de Morales, en el municipio de Norosí – Sur de Bolívar, en el caserío Mina Nueva del municipio de Remedios, en la vereda Santa Isabel de Amara, municipio de Segovia – Antioquia; se han presentado hurtos por parte de la fuerza pública, múltiples amenazas, allanamiento a viviendas campesinas sin una orden, disparos a las viviendas y múltiples violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, hechos denunciados por las comunidades y las organizaciones de derechos humanos que hacen presencia en el territorio.
Estos hechos se agudizaron hacia el 2022, donde son asesinados reconocidos líderes de los procesos sociales, continuó la avanzada paramilitar donde se realizaban retenes a pocos metros del ejército, confinamiento y amenazas a las comunidades. En zonas del Sur de Bolívar la comunidad informó la presencia del ejército en las viviendas, donde le manifestaban a los pobladores de manera reiterada “agradezcan que los estamos tratando bien, que quienes vienen atrás no van a ser tan amables”, haciendo referencia a los grupos paramilitares.
El 22 de febrero de 2022, en el municipio de San Martín, Cesar, fueron asesinados TEÓFILO ACUÑA y JORGE TAFUR, dos líderes campesinos históricos, que hicieron parte del movimiento campesino de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, voceros nacionales de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, miembros del Congreso de los Pueblos, del Coordinador Nacional Agrario y de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Sur del Magdalena y procesos de los Santanderes – CISBCSC; en agosto es asesinado JOSE LUIS QUIÑONES miembro de la CISBCSC en el Municipio de Tamalameque, Cesar.
Hoy existe una amenaza latente por parte del paramilitarismo de intensificar su presencia y accionar en una acción conjunta en todo el territorio del Magdalena Medio, el nordeste y bajo cauca antioqueño; hasta ahora se han sufrido los enfrentamientos, los retenes ilegales, los señalamientos, los asesinatos selectivos, el posicionamiento en puntos estratégicos para ellos del territorio, los desplazamientos y la amenaza directa a la comunidad por la presión ejercida para que trabajen en función de sus intereses. Sobre las comunidades pesa un doble yugo: son saqueadas y explotadas por grandes empresas y terratenientes, y para que no puedan oponerse, son amenazadas, estigmatizadas, asesinadas y desplazadas por las fuerzas oficiales y paraoficiales del Estado.
Es por esto que, como pueblo organizado, los procesos populares, organizativos y comunitarios de la Región de los Dos Ríos se han convocado nuevamente a las calles, a movilizarse y declararse en Emergencia Humanitaria, con el propósito de denunciar la aquiescencia del Estado con el paramilitarismo y exigir garantías para la vida digna y la permanencia en el territorio, pues hasta el momento no se evidencia un compromiso serio del “gobierno del cambio”.
Así mismo, se propone la realización de un Tribunal Popular por el Desmonte del Paramilitarismo en el que los pueblos a nivel nacional puedan denunciar y evidenciar la avanzada paramilitar que arremete contra la vida e integridad de las comunidades y en el que se exige que haya garantías para su realización y la presencia de las instituciones competentes del gobierno nacional.
La Región de Los Dos Ríos se declara en Emergencia Humanitaria exigiendo
- Garantías para la permanencia en el territorio.
- El desmonte del paramilitarismo.
- El respeto a la vida de los líderes, lideresas, defensores y defensoras ambientales y de derechos humanos.
- Que no se militaricen los territorios, pues ya se ha evidenciado que esto agudiza la amenaza contra las comunidades.
- Que se respeten las actividades económicas ancestrales en el territorio.
- Que se respete la soberanía del campo colombiano.
- Se brinden garantías para la vida.