El Bajo Cauca es un territorio ubicado en las estribaciones montañosas de la Serranía de San Lucas y está bañado por uno de los principales ríos de Colombia, el Río Cauca, que junto con el Río Magdalena enmarcan la Región de Los Dos Ríos, desde donde hemos venido construyendo planes de vida digna y permanencia en los territorios para garantizar la soberanía alimentaria y los derechos de las comunidades campesinas y agromineras que cultivan la tierra y se dedican a la minería ancestral y tradicional como parte de su identidad cultural.
Debido a su ubicación estratégica y a la riqueza de sus tierras abundantes en oro, éste territorio ha sido objeto de fuertes disputas por parte de actores económicos y armados, que se ha venido recrudeciendo con la arremetida de grupos paramilitares como las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC conocidos como Clan del Golfo, que a su paso han dejado un panorama desolador, marcado de muerte, desplazamiento, desapariciones, confinamiento y masacres contra la población civil, generando zozobra y terror.
La situación se agudizó el día miércoles 23 de agosto en horas de la noche con la incursión de aproximadamente 15 a 20 hombres fuertemente armados de las AGC en zona rural del municipio de CÁCERES, ingresando al caserío de la vereda SAN PABLO, hasta donde llegaron guiados por un hombre encapuchado que se encargaba de señalar las casas y las personas que acusaba supuestamente de ser miembros o colaboradores de grupos subversivos, a quienes éste grupo paramilitar desapareció y masacró vilmente.
Entre las víctimas de esta masacre se encuentra el líder social y comunitario LUIS MIGUEL ECHAVARRÍA, presidente de la Asociación de Barequeros de San Pablo, Cáceres, quien fue asesinado por las AGC cuando intentó alertar a la comunidad sobre la presencia de este grupo, y su cuerpo quedó tendido en medio de una calle principal del caserío durante 2 días siendo objeto de alimento de aves carroñeras, ya que el grupo paramilitar no permitió su levantamiento.
En su avanzada, las AGC se encuentran con dos personas civiles que se desplazaban en motocicleta provenientes de la vereda El Carmen e inmediatamente les disparan con ráfagas de fusil; una de las personas fue asesinada al instante, pero la otra quedó herida y cayó por un barranco, donde murió al día siguiente debido a que las AGC no permitieron prestar auxilio ni hacer levantamiento de los cuerpos.
Durante ésta incursión armada, las AGC prohíben totalmente el ingreso y salida del caserío, y cierran los establecimientos donde se cuenta con llamada telefónica y conexión a internet que son los únicos medios de comunicación disponibles, dejando la población incomunicada y en confinamiento. Sumado a esto, el grupo autodenominado AGC retiene de manera forzada a varias personas a quienes acusó de ser parte de grupos subversivos y fueron llevadas amarradas con dirección hacia el monte.
Hasta el momento se han reportado un total de 4 personas víctimas de ésta masacre y 8 personas desaparecidas, entre quienes se encuentran civiles, como muestra del plan de genocidio y exterminio que se viene perpetrando contra el movimiento social bajo la estigmatización y los señalamientos de pertenecer a grupos subversivos. Entre las víctimas también se encuentran otras personas señaladas como insurgentes pero que en el momento se hallaban en sus viviendas, de civil y en situación de indefensión.
Estos hechos constituyen una grave violación de los Derechos Humanos a la vida, la integridad, la seguridad y la dignidad de la población civil y una grave infracción del Derecho Internacional Humanitario contra personas señaladas como insurgentes, quienes se encontraban fuera de combate, en situación de indefensión y sin participar de las hostilidades.
Luego de estos hechos, el día jueves 24 de agosto se presentaron fuertes enfrentamientos entre las AGC y el Ejército de Liberación Nacional ELN, sin que hubiera presencia alguna de las Fuerzas Militares ni reacción inmediata por parte del gobierno, a pesar de que ya tenían conocimiento sobre la gravedad de la situación y aún así omitieron su deber constitucional de garantizar la vida y la seguridad de la población civil.
Las comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos en el territorio ya habíamos denunciado de manera reiterada la avanzada paramilitar en el Bajo Cauca, que en los últimos meses desembocó en una crisis humanitaria por el bloqueo de combustible y las restricciones en el ingreso de alimentos hacia esta zona por parte de las AGC, generando desabastecimiento y desplazamiento forzado.
Sin embargo, las medidas implementadas desde las instituciones del gobierno hasta ahora se reducen al aumento de la presencia militar, en este caso de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, que no ha sido garantía de seguridad para las comunidades, pues el Ejército Nacional llegó a la vereda SAN PABLO el viernes 25 de agosto, dos días después de lo ocurrido, mientras los paramilitares hacían fiesta en el caserío celebrando por tomar control de la zona.
Es preocupante cómo en una región altamente militarizada como es el Bajo Cauca Antioqueño donde opera la Séptima División del Ejército Nacional, la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, el Batallón “Rifles” de Infantería Aerotransportado N. 31, la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, el Gaula Militar, la Fuerza Aérea Colombiana, el Batallón Energético Vial No. 5, la Policía Nacional, Sijin, CTI, entre otros cuerpos de seguridad e investigación, sucedan estos graves hechos por parte de grupos paramilitares contra las comunidades agromineras que se encuentran totalmente desprotegidas, pues esta trágica situación pudo prevenirse si se hubiese atendido las denuncias de la comunidad y adoptado acciones eficaces para evitar que sucedieran estos hechos que hoy enlutan el territorio.
El Brigadier General EDUARDO ARIAS ROJAS, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles informó el día 24 de agosto en medios de comunicación que según fuentes humanas la situación en la vereda SAN PABLO de CÁCERES, BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO, se debió a confrontaciones armadas entre las AGC y el Ejército de Liberación Nacional ELN, afirmando que las personas asesinadas son subversivas y murieron en medio de combates, sin realizar una investigación previa de los hechos y sin haber llegado aún al lugar para verificar la información, generando un grave estigma y revictimización sobre las víctimas de esta masacre, entre quienes se encuentran civiles y liderazgos sociales.
Rechazamos y expresamos nuestro total repudio ante los atroces hechos que hoy atentan contra el tejido social que han construido las comunidades agromineras, así mismo, exigimos respeto por parte del Ejército Nacional hacia las víctimas y que se retracte públicamente por sus graves y falsas afirmaciones, pues la noche del 23 de agosto no se presentó confrontación armada sino una masacre que también dejó entre sus víctimas personas civiles y liderazgos sociales, lo cual refleja la continuidad de la doctrina del enemigo interno que ha sostenido al paramilitarismo como política de Estado y que intenta justificar el despojo y exterminio de las comunidades a base de sangre y fuego.
Expresamos nuestra solidaridad con las familias y comunidades que hoy padecen esta Emergencia Humanitaria y hacemos un llamado a las instituciones competentes en la defensa de los derechos humanos para acompañar y verificar la situación del Bajo Cauca; urge un compromiso real con el desmonte del paramilitarismo y que se adopten medidas eficaces para garantizar la vida digna y la permanencia en los territorios.
La Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo y la Región de Los Dos Ríos denuncia y hace responsables al Gobierno Nacional en cabeza de GUSTAVO PETRO y FRANCIA MÁRQUEZ, el Alcalde de Cáceres JUAN CARLOS ROGRÍGUEZ BLANCO, el Gobernador de Antioquia ANÍBAL GAVIRIA, el comandante de la Séptima División del Ejército Nacional ÓSCAR LEONEL MURILLO DÍAZ, el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles EDUARDO ALBERTO ARIAS ROJAS, la Policía Nacional, la Procuraduría Regional de Antioquia, la Personería municipal de Cáceres, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación de las consecuencias que se puedan presentar por la omisión de atender oportunamente el llamado legítimo de las comunidades a través de esta denuncia pública.