La caravana humanitaria que se desarrolla en el Nordeste Antioqueño del 31 de julio al 2 de agosto evidencia la grave situación de la región y que día a día se agudiza con la presencia de las autodenominadas AGC en la vereda Monte frío Alto. La incursión de este grupo armado en la zona se da desde hace aproximadamente dos años y se agudiza hace cuatro meses con su incursión, pues las garantías del derecho a la vida se ven afectados ya que ambos grupos hacen el minado antipersona con ocasión de los enfrentamientos entre grupos dejan en las veredas Monte Frío Alto, las Jaguas, Las Palmas y Arenales, obligando a los habitantes a desplazarse de estas veredas.
Afirma uno de los habitantes al contar lo ocurrido: “las circunstancias de inseguridad de fuego cruzado me obligaron a venir acá”. Hace cerca de dos semanas él estaba realizando aprovechamiento forestal y en frente le estalló un artefacto. El señor quedó desplomado en el lugar cerca de una hora hasta lograr recomponerse de la onda expansiva. Las fincas de las familias se encuentran minadas.
Se evidencia el abandono y la inclemencia del Estado al no interesarle el bienestar de las comunidades. Dice un poblador “Al no salir voluntariamente no vamos a regresar voluntariamente. Es el Estado quien está generando un desgaste para que no volvamos a nuestros territorios”. “Estamos amenazados, nos dicen que debemos detener nuestra actividad económica de la que vivimos. Si no podemos ejercer la minería artesanal ni nuestras actividades cotidianas, ¿De qué vamos a vivir?”
Fue la comunidad de Rancho Quemado que albergó a las familias desplazadas. Muchas de ellas en los hogares que están albergadas están preocupadas por los gastos derivados de su desplazamiento como arriendo, servicios, alimentación, sin respuesta alguna de la administración municipal y la gobernación de Antioquia.
Hace un mes y medio las Autodenominadas AGC impidieron el paso de combustible a la región del Nordeste afectando a la pequeña minería, minería tradicional y demás actividades que se trabajan con combustible y ACPM. El comercio en general y la agricultura necesaria para la subsistencia de las comunidades campesinas también se vio afectada porque las guadañas y máquinas necesitan combustible y no se podían abastecer. El bloqueo se dio por la entrada desde el casco urbano de Segovia y también por la vía alterna de Puerto López.
El lunes 3 de julio, las AGC ingresan al caserío de Arenales, rayan las paredes con sus siglas y eslogan manifestando que vienen a sacar a la guerrilla y tomar el control de esta zona. Se dan señalamientos fuertes y estigmatizaciones a personas acusándoles supuestamente pertenecer a la insurgencia, con esto obligándoles a desplazarse de la región. Se presenta el miércoles 28 de junio 2023 el derribo de torres de energía dejando sin electricidad a las veredas Mina nueva, Cañaveral, Bocas de Chica moqué y Panamá Nueve.
El jueves 29 de junio de 2023 las AGC incursionaron al caserío de Arenales desde las 11:00 am, concentrándose la comunidad en un solo punto y aproximadamente a la 1:00 pm se presenta un fuerte enfrentamiento donde también se utilizaron explosivos y el viernes 30 de junio hubo otro enfrentamiento en la vereda Las Jaguas, donde un artefacto cae en el patio de la casa y explota, generando daños y riesgos a las familias.
En este momento de los enfrentamientos la comunidad de las Jaguas queda confinada viernes y sábado para luego desplazarse a la vereda en Racho quemado donde se declara el refugio humanitario. Allí se encuentra toda la comunidad desplazada de Arenales y de las Jaguas y las demás veredas sumando aproximadamente 329 personas, desabastecidas por alimentación, agua potable, salud, vivienda, limitación al trabajo e inoperancia estatal.
El día 24 de julio de 2023, siendo la 1:30 am fue vilmente asesinado el señor CARLOS MARIO ROLDAN, habitante y reconocido líder del refugio humanitario de Rancho Quemado, vecino de la vereda ARENALES del municipio de SEGOVIA, quien se encontraba actualmente en la vereda RANCHO QUEMADO en calidad de víctima de Desplazamiento Forzado Masivo tras los hechos ocurridos por enfrentamientos entre actores armados el pasado 29 y 30 de junio del presente año. Los diferentes líderes del refugio tras este hecho se sienten en riesgo por su labor entendiendo que el despojo en la región genera este tipo de violaciones de derechos humanos.
La crisis humanitaria que se vive en este momento pudo evitarse si las instituciones hubiesen accionado ante las alertas que se han hecho por parte de la comunidad, las organizaciones sociales y medios alternativos. Así mismo esta situación se presenta por la permisividad que hay de la fuerza pública con las AGC ya que cuando hay presencia de este grupo también se evidencia presencia de la fuerza pública y lo que se ha visto es que el ejército al pasar por la región sólo confronta las insurgencias y por donde el ejército pasa se copa por las AGC.
Las personas en calidad de desplazados afirman que “no queremos llegar al extremo de que si se toman el territorio viene con ideales de sembrar coca y para nadie es secreto que donde hay coca hay terror”.
Las comunidades de las veredas Arenales, Las Jaguas, Las Palmas y Rancho Quemado se encuentran aún en el Refugio Humanitario porque temen que se dé un nuevo enfrentamiento por el riesgo de perder la vida en una mina anti-persona y por la condición de garantías de derechos básicos como las siguientes:
Educación
El derecho a la educación es violado constantemente en las veredas Las Jaguas, Arenales, Las Palmas y Rancho Quemado, en la vereda Arenales se cuenta con una infraestructura que realizó la empresa para la escuela de la vereda en retribución por explotación aurífera sin contar con servicios de agua potable ni electricidad. Además, no se cuenta con maestros que ejerzan la labor de formación educativa en la institución.
En la vereda Rancho Quemado la infraestructura está en pésimas condiciones, contando con 168 menores de edad entre primaria, secundaria y prescolar en la institución. Los líderes han hecho la escuela, la infraestructura del bachillerato y en el momento se están dando las clases con metodología de emergencia por la situación en la que están las comunidades por el riesgo al que está sometida la región evadiendo la administración municipal toda responsabilidad.
En total, 120 niños de Jaguas y Arenales se encuentran sin educación, los profesores están en Segovia y dicen que la orden de iniciar las clases en las veredas es la próxima semana sin garantías de retorno y permanencia en el territorio. En estas veredas se evidencian más de 290 menores sin garantías al derecho a la educación en el momento.
Los niños no estudian donde viven y hace falta unos albergues escolares e instalaciones adecuadas para las garantías de este derecho. El refrigero no tiene las mejores condiciones, en Arenales no hay electricidad y por eso los alimentos perecederos se dañan, siendo guardados por vecinos de las tiendas para conservarlos; sin embargo, los tenderos también deben cuidar sus alimentos en un solo refrigerador y ésto no sólo pasa en Arenales, pasa en las Manuelas, en Aguacates y las Jaguas.
Los estudiantes argumentan que al estudiar de manera semipresencial no se aprende y se está utilizando metodologías audiovisuales precarias para aprender de manera más eficaz, además manteniendo en zozobra por los comentarios “que se van a meter”, haciendo alusión a una posible incursión de las AGC, además se sienten angustiados porque los vecinos de Arenales y Jaguas han perdido animales al pisar artefactos explosivos.
En la vereda rancho quemado al acceso de la escuela no tiene escaleras ni este pavimentado a pesar de que se encuentra en los planos de alcaldía como proyecto ya implementado, habiendo sido en realidad esta escuela construida por acción de la comunidad.
Servicios básicos
Las veredas Arenales y Manuelas aparecen ante EPM con electricidad, incluso aparecen con reparcheo y estas veredas tienen electricidad gracias al sector agrominero que la llevó hasta cierta parte. En la vereda Rancho Quemado había 250 viviendas hace seis años y ahora hay 750 viviendas siendo insuficiente la energía, se han dado convenios con la administración desde hace más de ocho años para diferentes proyectos de garantías de servicios públicos domiciliarios que no han sido ejecutados y se han malversando los recursos, siendo las comunidades las que han suplido estas necesidades incluyendo el mejoramiento de las vías por medio de convites.
En la vereda Arenales se cuenta con nacederos de agua, pero sufren por el agua potable. Hace varios años se gestionó un proyecto para la vereda Arenales, vereda El Lechales y Santa Isabel de Amara, por 1150 millones de pesos en donde Corantioquia realizo el aval sin llevar acabo la implementación.
Salud
La vereda rancho quemado cuanta con más de 2000 habitantes, en el momento no se cuenta con un hospital ni con una atención en salud y no se cuenta con una ambulancia en el momento de darse una emergencia la junta de acción comunal debe asumir el costo con el transporte de la región. En las veredas de la región del nordeste antioqueño no se cuenta con personal médico para garantizar el derecho a la salud.
La atención a enfermedades como el Paludismo es atendida por personas de la misma comunidad las cuales no cuentan con los medios adecuados ni las instalaciones para ejercer esta la labor y aun así crean protocolos, generan diagnósticos y garantizan el derecho a la salud en la región.
Infraestructura
Las vías de la región no se han mejorado por parte de la administración como el tramo de Cañaveral a Rancho Quemado donde en el plan básico de ordenamiento territorial se encuentra pavimentado y realmente no lo está, a pesar de que se siguen destinando recursos por parte de la administración para este fin el mejoramiento de las vías no es efectivo.
Es evidente la connivencia entre la fuerza publica y los grupos paramilitares ya que desde la entrada del casco urbano a la entrada de la huerta en Matuna a menos de 500 metros se encuentran las AGC haciendo retenes, empadronando las comunidades y en ocasiones atracando los campesinos. En declaraciones públicas el gobernador de Antioquia afirma de la permanente presencia de los militares en las vías de acceso y veredas de la región; sin embargo, en la caravana humanitaria se ha evidenciado que la fuerza pública no está y no ha confrontando a las AGC.
Según la gobernación de Antioquia los hechos del desplazamiento masivo son por parte de ELN desviando su responsabilidad directa de atender la emergencia humanitaria; resulta evidente y notorio que la incursión paramilitar que se ha dado desde el casco urbano de Segovia. Las comunidades manifiestan que durante décadas han aprendido a convivir con estas organizaciones insurgentes y que las afectaciones se dan actualmente por las AGC.
La administración no sólo tiene como responsabilidad garantizar la alimentación, alojamiento, la salud, atención psicosocial de emergencia y transporte de emergencia, aseo y utensilios de cocina, incluso deben pagos a los lideres al activarse la ruta de amenaza y sacar habitantes de la región para responder por el desplazamiento masivo de la comunidad cuando es la administración quien debe hacerlo.
Además de su obligación de garantizar el censo y caracterización de la población desplazada para una efectiva declaración del hecho victimizante ante la Unidad de Víctimas, situación que no se dio efectivamente puesto que este censo se cerró el 08 de julio del presente año con 117 familias sin tener una plena verificación de los núcleos familiares afectados.
La administración ha hecho caso omiso frente a la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las familias hace un mes que se dieron los hechos, la Gobernación Antioquia de la misma manera en su accionar no ha declarado la región en emergencia humanitaria generando una revictimización al no atender las familias que se encuentran aún en el refugio humanitario. Esta administración no ha destinado los recursos del desplazamiento masivo en el municipio de Segovia porque no reconoce el alto riesgo de la región al no tenerlo diagnosticado.
Es claro el desabastecimiento general (alimentación, agua potable, salud, educación, atención psicosocial de emergencia), en el que se encuentra el refugio humanitario por parte del Estado, incluso la administración pide abrir crédito en tiendas de la comunidad para abastecer el refugio humanitario en el tema de alimentación y demás; y ahora no responde por esta cuanta económica ya muy elevada. La negligencia que ha tenido el personero municipal frente a la atención de las comunidades es evidente vulnerando los derechos de las victimas al no recibir declaraciones de los diferentes hechos individuales que se han dado en la región.
Peticiones
- Exigimos reacción inmediata por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, a fin de que se adopten por parte del Estado Colombiano “Potencia Mundial de la Vida”, las medidas pertinentes para garantizar la vida, la integridad física y la permanencia en el territorio de estas comunidades campesinas y agromineras.
- Exigimos al Ministerio de Justicia, Alcaldía de SEGOVIA, la Gobernación de ANTIOQUIA y Personería Municipal la revisión de los casos de desplazamiento masivo de la población de las veredas de Arenales, Las Jaguas, Las Palmas y Monte Frío, así como la adopción de medidas inmediatas para atender estos graves hechos como el minado antipersona y hacer cesar las vulneraciones de Derechos Humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario contra las comunidades.
- Exigimos a la Procuraduría General de la Nación la revisión del desplazamiento masivo y solución oportuna a este, a fin de que se adopten las sanciones pertinentes por la acción u omisión de las instituciones, funcionarios y servidores públicos del Estado que han aumentado el riesgo y vulnerabilidad de las comunidades.
- A la Defensoría del Pueblo en su papel de garante de los derechos humanos que acompañe permanentemente a las comunidades para que no sean violentadas en sus Derechos y realice acciones de verificación de estos hechos, a fin de que se brinden soluciones claras frente a la situación de seguridad en la que se encuentran estas comunidades y sus liderazgos.
- Exigimos al Ministerio del Interior, en cabeza de la Oficina de Derechos Humanos, avanzar en los acuerdos firmados en el marco de la instalación de la Comisión de Declaratoria y Solución de Emergencia Humanitaria para la macro región del Magdalena Medio con voceros y voceras del Paro Regional por la Vida y la Permanencia en el Territorio realizado en la Lizama, Santander.
- A las Comisiones de Paz y Derechos Humanos del Congreso de la República, realizar una Audiencia Pública de manera conjunta en el territorio del Nordeste Antioqueño que permita buscar salidas urgentes a esta grave situación.
- A la comunidad internacional, ONU, MAPP-OEA, entre otras, que nos acompañen de manera permanente en el territorio, realicen misiones de verificación frente a la situación de las comunidades y en su mandato de protección de los derechos humanos y la paz, sean garantes para que se avance en la protección de la vida e integridad.
Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo
Congreso de los Pueblos
Coordinador Nacional Agrario CNA
Red de Hermandad y Solidad con Colombia REDHER
Periferia Prensa Alternativa
Ecos Disonantes
Colombia Informa
Región Los Dos Ríos